Con 55 votos a favor y tres abstenciones, el Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia en las zonas afectadas por los incendios forestales Córdoba. 

La iniciativa incluye medidas financieras para "restaurar y restablecer las zonas afectadas y prevenir nuevos focos", en "el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos".

El segundo artículo expresa que “el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, destinará una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a los fines de la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas”.

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“Estas acciones se implementarán en coordinación con el gobierno de la provincia de Córdoba y los gobiernos municipales de las localidades afectadas, respetando los protocolos establecidos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Las prioridades y metodologías de distribución de los recursos asignados serán definidas conforme a la urgencia de las necesidades, con enfoque en el bienestar de las personas damnificadas y la restauración del medio ambiente y la biodiversidad afectada”, detalla el texto, consignó Infobae. 

En cuanto a medidas concretas, el proyecto apunta a “líneas de créditos con tasas bonificadas destinados tanto a la reparación de viviendas como a la continuidad de las actividades económicas claves para las economías regionales, asegurando la recuperación de empleos y el funcionamiento de los sectores productivos”. 

También a “facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales, permitiendo su reactivación económica mediante la suspensión y renovación de las obligaciones bancarias y deudas pendientes al inicio de la emergencia, brindando un alivio inmediato a los productores y trabajadores afectados por las pérdidas económicas”.

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Un tercer punto direcciona un permiso para suspender “por hasta noventa días, juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia, garantizando que las familias, emprendedores y productores puedan concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de sus medios de vida sin el riesgo de sanciones financieras inmediatas”.